Varios niños que vivían con sus familias en el predio abandonado de una fábrica de baterías para autos en la localidad de Ceres (Depto. San Cristóbal) sufrieron envenenamiento con plomo, y uno de los casos, derivados de tomar agua contaminada, terminó con la vida de una pequeña de dos años en enero de 2021.
El juez federal Marcelo Bailaque, subrogante del Juzgado de Rafaela, procesó a Norma Orellano, de 59 años, por los casos de contaminación con plomo de un grupo de personas que había ocupado en forma ilegal el predio donde funcionó la fábrica de baterías Cerplac de la que era vicepresidenta, por infracción a la ley 24.051 que regula el tratamiento de los residuos peligrosos que generan las empresas y que puede alcanzar penas de hasta 25 años de prisión. Sin embargo, en esta instancia del proceso, no ordenó su detención.
La investigación se inició a raíz de la muerte de Xiomara Crespin, de dos años, el 6 de enero de 2021. La pequeña había sido trasladada desde Ceres hasta el Hospital de Niños Alassia de la ciudad de Santa Fe con signos de intoxicación. Se comprobó que tenía 1,98 gramo de plomo en sangre, contra el umbral de riesgo de 0,3 gramo. Otros tres niños también fueron internados en el centro de salud con síntomas similares. Todos, según establecieron los informes de laboratorio, tenían en su cuerpo considerables cantidades de plomo.
Los menores afectados vivían desde septiembre de 2020 con sus familias en las instalaciones de la ex fábrica del barrio Las Américas, abandonada tres años antes, cuando Nesaglo cerró la planta. A contramano de las normas de remediación cuando se trata de una producción potencialmente peligrosa, quedaron en el terreno dispositivos utilizados para la fabricación de las baterías, con el tóxico plomo incluido.