El Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó un pedido a la Legislatura provincial para que modifique la ley del Estatuto y Escalafón del Personal de Municipalidades y Comunas para prohibir el ingreso a la administración pública de quienes cuenten con condena por casos de violencia de género o sean deudores de cuotas alimentarias. El proyecto fue presentado por la concejal Liliana Rostom y contó con el aval de todo el cuerpo legislativo.
“El ingreso a todas las municipalidades se rige por la ley 9.286, donde se determina que no podrán trabajar quienes cuenten con deudas con el Estado, y que se debe presentar certificado de buena conducta. Nosotros le agregamos el inciso M, planteando que no podrán ocupar un cargo quienes tengan sentencia de segunda instancia por violencia de género para ingresar a cualquier municipio. También sumo el inciso N, haciendo referencia a quienes son deudores de cuota alimentaria”, explicó la impulsora del proyecto.
La referente de Nuevo Horizonte remarcó que el proyecto se enmarca en el contexto actual, donde la violencia de género se hace más visible, requiriendo medidas para poder combatirla. Como el municipio de Venado Tuerto no tiene facultades para legislar estas cuestiones, Rostom decidió elevar el pedido para que lo trate la Legislatura provincial, y entonces sí conseguir que esta restricción tenga vigencia en cada localidad: “Esto también abarcará a los cargos de gabinete y los concejales”, aclaró.