Punto final. Envuelto en críticas y severamente cuestionado desde el ámbito político y judicial, este miércoles se conoció la renuncia del juez de Sentencia en lo Penal de la ciudad de Vera, Nicolás Muse Chemes, cuya figura tomó estado público a partir de la absolución de un hombre que había abusado de sus hijas menores de edad. El accionar del magistrado fue duramente señalado por organizaciones de mujeres y representantes de todo el arco político provincial, quienes incluso pidieron su juicio político.
Pese al polémico fallo, Muse Chemes no sólo siguió ocupando su lugar, sino que en 2016 fue propuesto por el Poder Ejecutivo santafesino para cubrir el cargo de juez de Cámara de Apelación Penal en la capital provincial. Tal fue el escándalo que su pliego se retiró 24 horas más tarde de la presentación, en medio de numerosas impugnaciones.
El caso
C.E.R., como se la conoce por sus iniciales, es una joven oriunda de Reconquista que hoy tiene 25 años. Cuando tenía 19 denunció a su padre porque abusaba de ella desde los 13, y también de sus hermanas. En 2011, la Justicia de Reconquista procesó al progenitor por abuso sexual con acceso carnal agravado, pero un año después, Muse Chemes lo absolvió. Ese mismo año, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera ratificó el fallo.
C.E.R. decidió continuar con la denuncia y elevó el caso a los tribunales internacionales para convertirse en el primero en el país en llegar a un comité perteneciente a la Organización de Naciones Unidas. El organismo le dio la razón: la Justicia había actuado de forma machista y no escuchó a la víctima. Meses después, el gobierno provincial inició una agenda de reparación que incluyó trabajo, casa y capacitación en género de magistrados santafesinos.
Una semana atrás, el gobernador Miguel Lifschitz presidió el acto de reconocimiento público de disculpas a la joven. “Hoy estamos asumiendo las responsabilidades del Estado. Podríamos decir que ocurrió en otro momento, en otro Poder, que no somos responsables directos, pero prefiero pensar que todos tenemos alguna responsabilidad por no haber actuado a tiempo, por no haberlo hecho en otros casos parecidos, por haber esperado una resolución de las Naciones Unidas, por no haber aplicado todavía una sanción a los funcionarios judiciales que cometieron este atropello”, dijo.