El Ministerio de Justicia de la provincia confirmó este viernes la instrucción de una causa contra dos empleadas estatales que participaron de agresiones a un grupo de manifestantes a favor del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por el hecho, perpetrado la semana pasada en la ciudad de Santa Fe, es señalada la organización neonazi Bandera Vecinal.
En ese marco, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Publio Molinas, indicó que “están siendo analizadas otras denuncias por su posible relación con estas prácticas intimidatorios, propias de los tiempos más violentos de nuestro país, que definitivamente deben quedar erradicadas”.
Vale recordar que la agresión derivó en el despido de Silvia Marcela Quiñónez, empleada del Ministerio de Seguridad santafesino, y un pedido de informe sobre Isabel Ormaechea, docente de escuela primaria. Ambas pertenecen al grupo de cinco personas que fueron identificadas tras el violento hecho. “No hay lugar en el Estado para este tipo de actores que abiertamente promueven y reivindican la violencia y la intolerancia”, remarcó el funcionario.
Actuación policial
En paralelo, Molinas confirmó que “se solicitó intervención a la Fiscalía de Género y la Unidad Fiscal de Violencia y Corrupción Institucional, ante la posible comisión de delitos por parte del personal policial apostado en la Plaza de Mayo el día de los incidentes”, y se cursó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad “para que se investigue el operativo policial dispuesto para la marcha y las acciones llevadas a cabo”.