Dos de los ocho miembros de una organización criminal compuesta por policías y civiles, dedicada a defraudar al Estado, asumieron este lunes su responsabilidad en el delito y firmaron juicios abreviados, en la causa conocida como “D4”. El contador Ariel Villanueva, habilitado con firma de la Policía provincial, recibió 3 años de prisión efectiva, multa de 90 mil pesos y la obligación de pagar 790 mil pesos en concepto de reparación del daño.
En tanto, el mecánico Andrés Soto fue sentenciado a 10 años de prisión por defraudación al Estado, pero también por “corrupción de menores agravada” en el marco de otra causa penal que tuvo a su hija como víctima. Ese expediente surgió en base a una denuncia que radicó la madre de la menor. Además, se hizo cargo del delito de “tenencia ilegitima de arma de fuego” por tener en su domicilio una escopeta sin su documentación correspondiente.
Al término del acuerdo, el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández, indicó: “Hemos logrado ampliar el monto del daño atribuido”, que en un inicio de la causa era de 96.000 pesos y en la actualidad supera el 1,6 millón. Asimismo, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación adelantó que en la causa “se va a imputar a más personas”. Y si bien se excusó de brindar nombres, deslizó que “son empresarios”.
El caso
Ambos condenados participaron de un ardid delictivo que entre 2015 y 2016 se dedicó a facturar reparaciones a unidades policiales que nunca eran arregladas o que se encontraban en desuso. Dicha artimaña fue desbaratada en 2016 tras una denuncia radicada por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y que fue investigada, en principio, por el fiscal Roberto Apullán.