El fiscal federal Walter Rodríguez presentó ayer el requerimiento de elevación a juicio de la causa Bolsafe, una estafa regional de grandes proporciones que tiene como principal imputado al contador Mario Alberto Rossini y su grupo de colaboradores. Para la Fiscalía, la magnitud del daño patrimonial asciende a los 251 millones de pesos, sobre un total de 408 damnificados que se presentaron en el expediente.
“La elevación a juicio comprende la situación procesal de nueve imputados” que abarca a un primer grupo que irá a juicio, ya que “la causa está dividida en tres grupos”, adelantó Rodríguez. Las categorías empleadas refieren, en primer lugar, a “la gente que rodeaba y desarrollaba las actividades de las empresas Bolsafe Valores y BV Emprendimientos; el segundo grupo es el que nuclea a las entidades bancarias, Banco Galicia y Valfinsa; y el tercer sector eran quienes debieron ejercer el control desde el Mercado de Valores del Litoral”.
De los tres grupos sólo el primero es el alcanzado por el documento de la Fiscalía, donde además de Rossini, se encuentran imputados su hermano Omar Rossini, María Mercedes Leiva, Marisa Laura Valdez, Carolina Fany Pavarin, Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas y Miriam Analía Sabella.
La maniobra
De acuerdo al comunicado de la Fiscalía, “se imputó a todos los nombrados haber administrado fraudulentamente los bienes confiados en custodia al menos de 408 víctimas, ocasionando un perjuicio patrimonial global denunciado por un monto aproximado a pesos 251 millones, a partir de continuos y habituales actos de disposición llevados a cabo desde las sedes de las empresas Bolsafe Valores SA y BV Emprendimientos ubicadas en la ciudad de Santa Fe (utilizándose sus estructuras operativas y una red de productores afianzados en esta región del país) durante el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2003 hasta finales del mes de diciembre del 2012”.
“También se atribuyó a partir del 28 de diciembre de 2011 el delito de la captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil desarrollada por los imputados (a excepción de Omar Rossini), agravada por el uso de medios de difusión masiva”, consigna el escrito.
Vale recordar que el fiscal Rodríguez, que se reincorporó a su cargo en febrero de este año, luego de su paso en 2016 por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), trabajó la causa Bolsafé junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta.
Producto de esa labor, atento al daño causado, el dictamen oficial cuenta con un pedido de medidas patrimoniales que están dirigidas a los imputados que evadieron la intimación cursada por el juez, cuando manifestaron que no tenían bienes para ofrecer en embargo.
