El Registro General de la Propiedad, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, regulará el patrimonio de las Asociaciones con Personería Jurídica y Fundaciones con el objetivo de ejercer un debido control para beneficiar la protección de las entidades.
El área provincial dispuso una resolución técnica en la cual se establece que los funcionarios que autoricen escrituras de venta o gravamen de un inmueble de titularidad de una Asociación con Personería Jurídica o Fundación deberán solicitar previamente certificado de subsistencia de la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ).
Al respecto, el subsecretario de Asuntos Registrales de la provincia, Matías Figueroa Escauriza, expresó que “en el certificado se debe precisar el o los bienes inmuebles que se quieran disponer o gravar, detallando el precio y condiciones de su venta o de la disponibilidad del o los mismos, y acreditar que razonablemente la operación no perjudica el interés de la entidad”. Además, el funcionario añadió que “dicho certificado solicitado y expedido deberá ser citado expresamente dentro del cuerpo de la escritura”.
El certificado de subsistencia que expide la IGPJ implica que la entidad ha sido debidamente constituida, que legalmente no se ha extinguido, y que desarrolla la actividad prevista en su objeto.
Control
Figueroa Escauriza subrayó también que “la disposición se realizó con el objetivo de ejercer un debido control para beneficiar la protección de las entidades, como por ejemplo clubes de barrio, que muchas veces se veían involucradas en ventas irregulares o disputas por terrenos que perjudicaban y dañaban a estas entidades que persiguen un fin social”. Y agregó que “esto no implica una prohibición de disponibilidad de sus inmuebles ya que cada entidad podrá realizar las transacciones que crea que son beneficiosas para ellos pero cumpliendo con ciertos requisitos previos”.
“Desde ahora, con esta disposición que firmamos con los directores del Registro de la Propiedad de Rosario y Santa Fe, le damos un respaldo mayor a una resolución que había sacado la IGPJ incorporando un paso más para resguardar los patrimonios, en el marco de las políticas públicas llevadas adelante por el Estado provincial en relación al funcionamiento y protección de las Asociaciones con Personería Jurídica y Fundaciones y de los terceros interesados que contraten con las mismas, a quienes también se les debe proporcionar la suficiente seguridad jurídica”, concluyó el funcionario.
