Ante la Fiscalía de Villa Constitución, la firma Tomasini Neumáticos denunció irregularidades en la licitación para la instalación de un taller de Revisión Técnica Vehicular Obligatoria (RTO). Señalan, puntualmente, la presunta falsificación de instrumento público, en tanto se detectaron dos recibos oficiales con el mismo número de orden pero con distinto contenido.
“Lo más grave de todo esto es que existen dos recibos oficiales emitidos por el municipio de Villa Constitución con misma numeración, fechas diferentes, razón social diferente, cobrados por diferentes personas; lo cual está siendo investigado por falsificación de documentos públicos”, señaló Matías Tomasi, miembro de la firma. El primer recibo es el que demuestra que una Unión Transitoria de Empresas (UTE) adquirió los pliegos licitatorios antes que el llamado a licitación se hiciera público. “Con la confección del segundo, presuntamente se intentó disimular esa irregularidad”, sostuvo.
Según publico el diario local El Sur, el primero fue entregado el 26 de agosto a “Villa Constitución Inspección Vehicular UTE” cuando pagó los cinco mil pesos para adquirir los pliegos, pero el llamado a licitación recién se publicó una semana después, en tanto que dicha UTE no estaba constituida legalmente. Poco después apareció el segundo recibo, con fecha del 19 de septiembre, pero a nombre de “Inspección Vehicular Venado Tuerto SA UTE”, tampoco constituida legalmente a esa fecha. Lo llamativo es que ambos recibos están numerados como 0167-00000426 y firmados por distintas empleadas municipales.
“Desde arriba”
Por su parte, el secretario general del Sindicato Independiente de Empleados Municipales, Raúl Rivas, expresó que “está muy bien lo que hizo la familia Tomasi, pero más me agradó lo que escribieron en el Facebook, donde deslindan de toda responsabilidad a los trabajadores municipales”. Y agregó: “Estamos agradecidos de que hayan hecho esto. La Fiscalía va a tomar los hechos concretos: la Municipalidad emitió un mismo recibo oficial con distinta fechas a diferentes personas jurídicas por un solo ingreso de dinero”.
“Acá hay involucrados siete trabajadores municipales -prosiguió Rivas-, a quienes el gremio los va a defender a rajatabla, porque ningún empleado municipal puede hacer esto si no hay una orden jerárquica, superadora. Y acá el pedido vino directamente de la Comisión Evaluadora (de la licitación). Y si miran el expediente, está compuesta por cinco personas, tres de las cuales son personal del gabinete del Ejecutivo municipal (Paola Bagnera, Javier Garceche y José María Del Valle). Para el empleado municipal las órdenes pueden ser verbales, como fueron en estos casos. Como funcionarios de este gabinete se comportan muy mal, tienen un gran desprecio por el trabajador municipal. A partir de ahora el sindicato pide las órdenes de esta gente sean todas por escrito”.
