Ante la suba del costo del peaje en las rutas argentinas, especialmente en la estación de peaje ubicada entre las localidades de Pujato y Casilda, el intendente Juan José Sarasola solicitó a la empresa Corredor Central SA una tarifa diferenciada para los casildenses que transitan esa vía diariamente, ya sea por razones de estudio, trabajo o situaciones similares.
Ante la ausencia de respuesta de la empresa y de organismos intervinientes para otorgar dicho beneficio, según publica hoy el sitio casildaya.com, el tema derivó en el Defensoría del Pueblo de Santa Fe, quien avaló una presentación ante la Justicia para plantear “una clara discriminación a la ciudad y sus habitantes”. Fue entonces cuando la Subsecretaría Legal y Técnica del municipio presentó un recurso de amparo para que se revea la medida y se acepte un pago diferenciado para los casildenses.
En ese marco se informó que la Justicia admitió el amparo y pidió un informe circunstanciado al gobierno nacional, quien por medio del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) es quien fiscaliza y audita a las empresas concesionarias de las rutas nacionales. Ahora, este organismo tendrá que responder al requerimiento judicial y definir la situación de Casilda en cuanto a la “arbitraria discriminación” que alegan los usuarios de la ciudad a través del amparo.
“Es un primer paso en este camino de revertir esta discriminación que sufren los casildenses”, declaró la subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad, Patricia Ferraretto, y agregó que “ésta es la tarea que nos encomendó el intendente, que es la de involucrarse profundamente para restablecer los derechos de los usuarios”.
